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El impacto de las reformas estructurales en la agricultura colombiana

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Abstract

Colombia, como la mayor parte de los países latinoamericanos, emprendió un ambicioso proceso de liberalización y reformas al clarear la década de los años noventa, el cual cobijó al sector agropecuario. Las reformas en el agro tuvieron tres períodos: desde el segundo semestre de 1990 hasta finales de 1992 se pusieron en marcha la mayoría de las reformas iniciales, de liberación comercial y desregulación de la economía; entre 1993 y 1995 se cumplió una etapa de formulación de una nueva política sectorial, o de una segunda generación de reformas, y desde 1995 hasta fines de 1998 se ha vivido un período de ejecución de parte de lo diseñado, pero en la que se frenó el proceso de innovación en la formulación de políticas agrícolas y de diseño de herramientas para llevarlas a la práctica. Las reformas realizadas llevaron al sector a una profunda crisis, la mayor de las vividas en la última mitad del siglo, en la que todos los indicadores de desempeño del agro se vieron afectados. El valor de la producción sectorial disminuyó su tasa de crecimiento significativamente, y en dos ocasiones registró tasas negativas (1992 y 1996). El de la agricultura decreció en tres oportunidades (1992, 1996 y 1997). El área cultivada se contrajo en un 18% entre 1990 y 1997. Los cultivos que contaban con cuotas de importación y con precios de sustentación e intervención, es decir, los que sufrieron un mayor cambio en las reglas del juego con la ejecución de las reformas de albores de los años noventa, fueron los que registraron las mayores disminuciones en las superficies cultivadas. La demanda de crédito, maquinaria e insumos también se resintió. La balanza comercial agropecuaria y agroindustrial sufrió un dramático deterioro, hasta llegar en 1996 a registrar, sin café, un déficit por primera vez en la historia reciente del país. El desempleo rural aumentó; los ingresos de los moradores rurales disminuyeron, aunque, al parecer, la distribución del ingreso mejoró moderadamente. La reducción de los aranceles, la eliminación de las cuotas de importación, la desaparición de los precios de sustentación y el desmonte de la intervención del Estado en la comercialización de las cosechas se efectuaron en una grave coyuntura de depresión de los precios internacionales, la cual se trasladó casi en su totalidad a los agricultores, quienes percibieron precios muy inferiores a los hasta ese momento recibidos, lo que determinó una brusca caída -o una pérdida total- de la rentabilidad de sus cultivos. La situación de orden público, las deficiencias en la infraestructura, la apreciación del tipo de cambio, las altas tasas de interés -algunos de estos fenómenos particularmente agudos en Colombia, o propios únicamente del país- empeoraron, aun más, la situación de los productores agropecuarios y aumentaron los sobrecostos y la incertidumbre a los que tradicionalmente están sometidos. Otros aspectos de la reforma, que han tenido algún impacto positivo -por ejemplo, los cambios en las políticas tecnológicas, de adecuación de tierras, de desarrollo rural, no han podido expresar plenamente sus bondades debido a la postración del sector.

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